Obra pública en Santa Cruz: La fiscalía apunta ahora contra Máximo Kirchner

Después de apuntar contra Cristina Kirchner, haciendo caso omiso de las medidas de prueba y los testimonios recabados durante el juicio por supuestos ilícitos en la obra pública en Santa Cruz, ahora la fiscalía dio otra puntada en la misma trama e involucró en el caso a Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta y diputado nacional por el Frente de Todos. En una nueva audiencia del proceso oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, el fiscal federal Diego Luciani continuó su alegato e hizo foco en mensajes tomados del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López, en los que –sostuvo– se observaría un interés de Máximo Kirchner, quien «no tenía ningún cargo público», por la construcción de cien calles.

El alegato del fiscal se basa en repetir la acusación inicial de la causa, fechada en 2016, haciendo de cuenta que el juicio no se desarrolló durante tres años y que las declaraciones, las auditorías y los peritajes no desmienten la imputación. El argumento de Luciani es que las licitaciones para obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015 fueron ficticias y que se benefició a las empresas de Lázaro Báez, con la complicidad de otras firmas nacionales –a las que, curiosamente, no imputa–. Según el fisical, operó una vasta asociación ilícita que, en verdad, debería incluir a los sucesivos gobernadores de la provincia, porque todas las licitaciones se organizaron y controlaron allí, pese a lo que tampoco imputa a los mandatarios. Su tesis es que tal asociación ilícita sólo puede concebirse bajo el mando de los entonces presidentes Néstor y Cristina Kirchner. 

El capítulo de este viernes del alegato introdujo a Máximo Kirchner. Luciani mostró mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de José López. Los diálogos serían de 2014, entre el exfuncionario y el exdiputado santacruceño Marías Bezi, quien sería amigo de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la causa. En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirma que Máximo Kirchner «recorría las obras y pedía información sobre ellas».

Pese a que no aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, el fiscal aventuró que «es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz». Luciani remarcó que «Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones», embistió.

La afirmación pareció anticipar que el fiscal pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta «coordinación» con los acusados. «La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López», aseveró el fiscal. La licitación en cuestión, según Luciani, fue por «25 millones de dólares para hacer cien cuadras» y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Báez.

En la tercera jornada de su alegato, Luciani comenzó analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados 51 contratos de obras. Inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad de Báez, competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para «simular la legalidad». No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por las obras.

Si bien habló de «direccionamiento» de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas, si es que las hubo, habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales. Como se sabe, las empresas locales suelen tener ventaja en las licitaciones de obras, en particular en zonas de difícil o lejano acceso para el traslado de maquinarias, materiales y operarios.

El fiscal aseguró que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente. No citó, sin embargo, la auditoría que mandó a hacer el gobierno de Mauricio Macri y que, entre sus resultados, determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias.

Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos, funcionarios y legisladores del oficialismo, así como organismos de derechos humanos, expresaron mensajes de apoyo a la vicepresidenta y rechazaron la persecución judicial en su contra. CFK recibió incluso apoyos internacionales: en una declaración firmada por Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón, Rafael Correa, Fernando Lugo y Evo Morales, entre otros, el Grupo de Puebla advirtió que Cristina Fernández es víctima de una «guerra jurídica (lawfare)» y consideró que el juicio es «un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos».

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *